El desarrollo de una nueva ley universitaria no es casual. Ya desde hace algunos años, específicamente durante el” boom exportador”, el sector empresarial comenzó a presionar para que exista una reforma universitaria. La preocupación de ellos estaba en un punto central: no se estaba formando mano de obra especializada para los trabajos que se generaban en ese momento. Esto llevó a que algunos grupos de poder crearan sus propios centros de estudios o tomarán posesión de algunos existentes.

Para algunas autoridades nacionales, la crítica de este sector es demasiado influyente, incluso mucho más que los estudios especializados en la materia que señalaban, desde hace muchos años, que nuestros centros de estudios superiores adolecían de graves problemas como la corrupción, infraestructura, currículos, relación laboral, poco desarrollo investigativo, etc. Pero para estas autoridades el problema de la universidad se reducía a uno solo: la corrupción.

Ciertamente la corrupción es un problema gravísimo, pero reducir el problema de la universidad a este aspecto genera que la solución no radique en la mejora del contexto externo (como la protección del mercado nacional, la construcción de un mercado y demanda interna, la diversificación productiva, el estímulo para la investigación e invención); sino en la simple fiscalización, en el control. Es por esta razón que la Nueva Ley tiene una carácter eminentemente constrictivo y descuida lo concerniente a los estímulos; pero, además, el problema de la ley es que esta necesidad de fiscalización va más allá de lucha anticorrupción y entra en espacios mucho más delicados, que implican la base ideológica de la universidad: la libertad de pensamiento, de crítica y organización. Y esto es precisamente lo que menos se ha discutido o lo que menos se ha difundido de la ley.

Por ejemplo.

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES.

99.6. “Usar las instalaciones de su centro de estudios exclusivamente para los fines universitarios”

100.6. “Ejercer el derecho de asociación para fines vinculados con los de la universidad”.

Como vemos , estos artículos evidencian el afán liquidador de un elemento importante en las universidades: la organización política. Al señalar con precisión que sólo se permitirá hacer uso de las instalaciones para fines universitarios, es decir, de acuerdo a la nueva ley “sólo para investigar y estudiar”, la nueva ley da facultad a las autoridades para reprimir cualquier iniciativa no académica, como la que se desarrolla en los centros de estudiantes, en los federados y círculos diversos de debate. Permitir solo la asociación para fines “exclusivamente académicos”, significa reprimir, cortar, la posibilidad de organizarse para defender derechos o exigir mejores condiciones.

En última instancia, la nueva ley mata el principal factor de mejora de las universidades. Porque quienes han denunciado la corrupción, propuesto mejoras para las diversas facultades y hecho diversas actividades que pluralizan la visión de la universidad, SON LOS GRUPOS O MOVIMIENTOS DE DEFENSA ESTUDAINTIL. Algunos con un ímpetu irreverente, pero siempre movidos por el interés supremo, no del dinero, sino de la mejora de la universidad. Esto es, que la universidad sea más un centro de intervención social e investigación, que una simple fábrica de títulos. Al menos en la San Marcos se observa ello.  

Ahora bien, la nueva ley propone algunas cosas que son necesarias, pero que, en honor a la verdad, fueron PROPUESTAS DESDE HACE TIEMPO POR LOS GREMIOS ESTUDIANTILES Y DOCENTES, como el voto universal, el no pago por la representación estudiantil y la mejora del nivel docente.

La nueva ley reconoce un hecho: aceptar la crítica que hace tiempo lo hacían los docentes y estudiantes respecto a la corrupción. Pero no nos dejemos engañar. Es un ley no liberadora, sino constrictiva en la que la SUNEDU hará no sólo de fiscalizadora de la economía, sino también del “buen desarrollo de la universidad”, es decir, que vaya acorde a lo establecido por los gobiernos sucesivos que, dicho sea de paso, NO PLANTEAN CAMBIAR UN ÁPICE LA SITUACIÓN.

Lamentablemente la acción evidentemente interesada de Cotillo ha hecho que algunos apoyen la Nueva Ley (ley cotillo vs Nueva Ley). Pero analicemos con cautela las consecuencias que va a generar en la actividad estudiantil y docente. El reglamento interno de la UNMSM debe evitar que se consolide ese aspecto castrante de la ley y fortalecer aquellos que permitan mejorar la universidad.

La universidad no necesita sólo de fiscalización. La universidad necesita más presupuesto y más participación democrática de sus integrantes para poder criticar y participar en su mejora. La tendencia moderna en la solución de los problemas de una organización (incluso país) no está en la centralización absoluta, sino en la participación activa de los miembros, en la vigilancia; y esta se desarrolla con ORGANIZACIÓN, con ACTIVISMO más allá del académico.